Discurso íntegro de José Luis Rodríguez Zapatero

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Discurso íntegro de José Luis Rodríguez Zapatero
« em: Junho 03, 2006, 12:19:20 am »
Debate sobre el estado de la Nación :P

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Señor Presidente, Señoras y Señores Diputados:
 
Iniciamos hoy el debate sobre política general que conocemos como el del estado de la Nación.
 
Es, pues, un debate sobre la situación de España. Por ello, de lo que les quiero hablar hoy es de la España real. De lo que España es ahora. De lo que podemos hacer que España sea en el futuro.
 
Somos una potencia media en el seno de la Unión Europea y la octava potencia industrial del mundo. Somos un país que vive un intenso proceso de aumento de población. En los últimos 5 años, hemos crecido tanto como desde que aprobamos la Constitución en 1978 hasta el año 2000, alcanzando en la actualidad más de 44 millones de habitantes. Somos un país cada vez más abierto y plural. Si en 2003 nos visitaron 52.5 millones de turistas, en el año 2005 lo han hecho 55.6 millones. Y hoy trabajan con nosotros dos millones de extranjeros.
 
Somos un país que se proyecta hacia fuera. Con una cultura cada vez más potente y más reconocida. Si en toda la anterior legislatura se abrieron 4 Centros del Instituto Cervantes, en la actual habrá 24 nuevos. Incrementaremos así en un 50% la presencia en el mundo de nuestro más formidable instrumento para expandir la mejor de nuestras riquezas. Porque junto con el tesoro del castellano, hemos empezado a enseñar y expandir el resto de las lenguas españolas.
 
Somos un país en el que cada vez trabajan realmente más personas: hoy lo hacemos 19 millones y medio. Si nuestra población activa era de 16,5 millones en 1996, 18 millones en 2000 y 19,5 millones en 2003, hoy alcanza los 21.335.000 de personas. Somos un país con una buena formación. Tenemos más de 5 millones y medio de titulados universitarios.
 
Somos un país en el que las mujeres avanzan con decisión. Somos un país que vive cada día más. Hoy, 1 de cada 6 españoles tiene más de 65 años y 1 de cada 20 tiene más de 80. Somos un país que crea empleo. Que crece económicamente. Que se dota para el futuro de capital humano, físico y tecnológico. Que intensifica las políticas sociales. Que reconoce y protege nuevos derechos. Que aborda reformas institucionales. Que trabaja por la paz y se comporta con solidaridad.
 
Este es nuestro país. El país que tenemos. Es el país que hemos hecho todos los ciudadanos. Hombres y mujeres. Ancianos y jóvenes. Trabajadores, estudiantes, amas de casa y empresarios.
 
Somos un país que ha dado un salto portentoso. Somos un país en intensa transformación. En positiva transformación. Es un país que no puede ser comprendido con los viejos esquemas. Un país que no puede ser gobernado con las rutinas tradicionales. Un país que necesita nuevos instrumentos, nuevas políticas, nuevas reglas institucionales.
 
Un gran país en un momento de grandes oportunidades. Que los ciudadanos no quieren perder. Que los ciudadanos no van a perder. Para ello el Gobierno tiene como metas: primero, más bienestar para todos los españoles y más oportunidades para los jóvenes. Segundo, la extensión de los derechos civiles y sociales para los españoles y españolas comenzando por los más necesitados. Tercero, una convivencia ordenada y segura de todos los ciudadanos en una España plural y unida. Y cuarto, persecución de un orden internacional basado en la paz y en la cooperación.
 
Señorías,
El empleo es el objetivo prioritario de la sociedad, es la base de nuestro bienestar. A conseguirlo para todos hemos dirigido nuestra política económica. El empleo es determinante para la continuidad del crecimiento. Es decisivo para la autonomía personal y para la integración social. Por un largo periodo, la economía española tuvo gran dificultad en crear empleo suficiente. Ahora somos capaces de transformar crecimiento en puestos de trabajo. Como nunca en la Historia.
 
Se está creando empleo de manera muy viva, y disminuyendo el paro de forma muy intensa. El año pasado creamos más de 900.000 empleos. El mejor dato cuantitativo de la historia. Eso es un tercio de los creados en EE.UU, cuya economía multiplica la nuestra por 12. Eso significa que en España se generó en 2005 el 60% de los nuevos puestos de trabajo de toda la Unión Europea. En estos dos años se han creado 1’8 millones de empleos. Casi 2.700 por día. Y más de la mitad para mujeres. Cerca de 300.000 para jóvenes.
 
Crece la población activa. Crece la tasa de empleo. Disminuye la de paro. En el primer trimestre de 2006, la población activa ascendió a 21.3 millones de personas. 1.5 millones más que en el primer trimestre de 2004. Más de la mitad de ese crecimiento corresponde a la población activa femenina.
 
Hemos situado la tasa de empleo en el 65%. Cuatro puntos más que hace dos años. La femenina alcanza ya el 53%, 5 puntos más que en 2004. Nos acercamos así al Objetivo de Lisboa fijado en el 60% para 2010.
 
Durante décadas, el paro ha sido un fantasma omnipresente para los españoles. Su principal preocupación. El mayor factor de ansiedad personal y familiar. Hoy la tasa de paro se ha situado por debajo del 9%, la más baja del último cuarto de siglo. Estamos en el promedio europeo y en mejor situación que Francia o Alemania. Pretendemos rebajarla más a lo largo del año, y podemos situar la femenina por debajo del 10% en 2007.
 
De hecho, los últimos datos del paro registrado, los de abril, muestran la mayor reducción para ese mes desde 1980. Durante años, se ha especulado con la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. Hoy, el futuro de la Seguridad Social está más garantizado que nunca.
 
Porque ha crecido en casi millón y medio de afiliados desde 2004, superando mes a mes sus registros históricos. En abril, 18.410.142: un 5.64% más que en igual mes del año anterior.
 
Porque el inminente Acuerdo entre los interlocutores sociales y el Gobierno para revisar y actualizar el Pacto de Toledo, contendrá medidas pactadas para proyectar en el tiempo la atención suficiente y segura a las personas de edad, inválidas, viudas.
 
Porque ahorramos para garantizar mejor las prestaciones futuras. En dos años, hemos incrementado en 17.000 millones el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que supone ya el 3.5% del PIB: 31.348 millones de euros. Uno de los más importantes signos del cambio de los tiempos es que ahora no preocupa tanto el desempleo como la calidad del empleo y su estabilidad. Ese es el reto que tenemos por delante.
 
Lo afrontamos con el gran Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y el Empleo que firmamos el pasado día 9 de este mes los interlocutores sociales y el Gobierno. Con UGT y Comisiones Obreras, con CEOE y CEPYME. Quiero agradecerles, en nombre de todos, su generosidad mutua y su compromiso activo con el presente y el futuro del país.
 
Este Acuerdo era uno de los principales compromisos del Gobierno con la sociedad española. Así figuró en el Debate de Investidura. Hoy se ha alcanzado. Y el compromiso está cumplido. Es un buen Acuerdo. Es un Acuerdo que prolonga la larga lista de los ya obtenidos en
estos dos años. Entre ellos, el desarrollo de la Ley de Extranjería, la revalorización de las pensiones mínimas, la prevención de riesgos laborales, la formación profesional para el empleo, el impulso del Sistema Nacional de Dependencia, el Plan Concilia o las bases estatutarias de los empleados públicos.
 
Es un Acuerdo que extiende sus efectos sobre las principales instituciones del mercado de trabajo: contratos, cotizaciones, bonificaciones, protección por desempleo y Servicios Públicos de empleo.
 
Es un Acuerdo cuyo objetivo fundamental es la reducción de la temporalidad. Hacer más atractiva la contratación indefinida. Evitar el encadenamiento sucesivo de contratos temporales. Impedir la cesión ilegal de trabajadores. Fortalecer la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Potenciar las políticas activas y los servicios públicos de empleo. Mejorar la protección al desempleo.
 
Con la ejecución del Plan Extraordinario de conversión de contratos, esperamos transformar cerca de medio millón de temporales en indefinidos en el segundo semestre de 2006. Con las medidas contra el encadenamiento sucesivo de contratos aspiramos a generar otro medio millón de contratos fijos de aquí a 2008.
 
De estas medidas se beneficiarán, especialmente, los jóvenes. Por primera vez, se bonificará durante cuatro años su contratación indefinida. A ellos principalmente afectará la restricción en el encadenamiento de contratos temporales. La reducción de cotizaciones contribuirá a estos objetivos. Se trata de la tercera reducción en los últimos 25 años. Las tres, por cierto,
con gobiernos socialistas.
 
Es un Acuerdo que espero se complete en fechas inmediatas con otros dos: sobre el Estatuto del Trabajador Autónomo y sobre Seguridad Social.
 
Señorías,
Los excelentes datos sobre empleo son consecuencia y, a la vez, respaldo, del buen funcionamiento general de la economía española.
 
La economía crece al 3.5%. Muy por encima de la media de la UE. Lo hizo durante el último trimestre de 2005 y lo ha hecho en el primero de 2006. En 2005, como en 2004, hemos crecido medio punto más que en los dos años anteriores. Empezamos a crecer mejor.
 
La inversión en bienes de equipo lo está haciendo cerca del 10%, fortaleciendo nuestro tejido empresarial. La industria, con una mejora superior al 2%, se incorpora al fuerte impulso de la construcción y de los servicios. Tenemos buenas perspectivas.
 
El crecimiento se afianzará claramente por encima del 3%, con un mejor comportamiento de las exportaciones que ya se ha manifestado en el primer trimestre de este año: un crecimiento por encima de los dos dígitos, por primera vez desde el año 2000.
 
Estos resultados son mérito del conjunto de la sociedad española. De los empresarios y de los trabajadores. Pero se asientan en un conjunto de decisiones positivas puestas en marcha por el Gobierno. Para generar confianza económica. Para dotar al país del capital humano, físico y tecnológico que permita y aliente su expansión futura. Para avanzar hacia un mejor patrón de crecimiento.
 
Se genera confianza manteniendo la credibilidad y el rigor presupuestario. Con cuentas saneadas y reduciendo el endeudamiento. Con reformas fiscales acertadas. En 2005 se ha obtenido, por primera vez en nuestra historia, un superávit de las finanzas públicas del 1.1% del PIB. En 2006 obtendremos un resultado similar.
 
La deuda pública se ha situado en el 43,2% y la hemos reducido en casi 6 puntos desde 2004. Llegaremos al 34% en 2010. En este panorama globalmente positivo permanecen dos problemas que es necesario resolver: reducir la elevada tasa de inflación, cuyo mal dato hemos conocido hoy, y mejorar el comportamiento del sector exterior.
 
Ambas cuestiones están ligadas y requieren reformas en el modelo productivo y en la competencia. El Gobierno está tomando y tomará medidas en ambos campos. El Gobierno apoyará la eficiencia económica con la reforma del IRPF, la rebaja del Impuesto de Sociedades y la neutralidad de la fiscalidad del ahorro.
 
El nuevo IRPF experimentará una rebaja media del impuesto del 6%. Pero será un 17% más bajo para el 60% de los contribuyentes con menores rentas, las inferiores a 17.300 euros.
 
Recortará la carga tributaria que soportan los perceptores de rentas del trabajo. Proporcionará equidad en el tratamiento de las circunstancias familiares. Atenderá a los problemas del envejecimiento y la dependencia. Supondrá una disminución de 2.000 millones en el período 2007-2011.
 
El nuevo Impuesto de Sociedades conocerá una reducción de 5 puntos en los tipos nominales de gravamen: del 35 al 30%. Para las PYMES será inmediata: pasará a ser del 25% en 2007. Con ello, el Impuesto favorecerá la competitividad de las empresas españolas y mejorará el atractivo para la inversión extranjera.
 
Señorías,
Invirtiendo en gasto público productivo y apoyando la apertura exterior de nuestras empresas es como se trabaja por un mejor patrón de crecimiento.
 
La puesta en marcha de la LOE mejorará el capital humano al hacerlo con la calidad del sistema educativo. Su aplicación dispondrá de 7.033 millones hasta 2010; 1.094 de ellos en 2007. La ya inmediata reforma de la LOU mejorará la docencia superior, incentivará la excelencia universitaria y fomentará la transferencia de conocimiento.
 
2007 va a ser el Año de la Ciencia. Aprobaremos el Programa José Castillejo, coincidiendo con el centenario de la creación de la Junta para la Ampliación de Estudios. Con él honraremos a quien, durante 25 años, y bajo la dirección inicial de D. Santiago Ramón y Cajal, puso en marcha la mejor y más eficaz iniciativa que ha conocido nuestra Historia para mejorar la calidad de nuestra ciencia y la formación de nuestros jóvenes investigadores.
 
Con él, 5.000 jóvenes profesores doctores podrán incorporarse durante un curso a las universidades y centros más prestigiosos del mundo. En los próximos cuatro años, un Programa específico financiará estudios de postgrados a jóvenes de hasta 35 años mediante becas o mediante créditos blandos a tipo 0 de hasta un máximo de 15.000 euros, que devolverán una vez incorporados al trabajo.
 
En ese mismo período, otro Programa complementará la cuantía de las becas Erasmus de movilidad universitaria hasta un máximo de 6.000 euros. Tengo el empeño de superar nuestra tradicional carencia en el conocimiento de idiomas. Por ello, concederemos una subvención de hasta 1.000 euros a los jóvenes de entre 18 y 30 años para cursos de inglés en un centro español o extranjero.
 
El Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo, por más de 2.000 millones, favorecerá el aprendizaje a lo largo de la vida y su adaptación permanente a la realidad productiva. La LOE alcanzó un elevado grado de consenso final con los interlocutores sociales y un importante respaldo en esta Cámara.
 
Creo que es buena la estabilidad del sistema educativo. Por ello convoco a un gran acuerdo educativo a todos los sectores afectados. Para el desarrollo normativo de la LOE. Para la reforma urgente y acotada de la Universidad.
 
La inversión en I+D+i y los grandes planes y proyectos de infraestructuras cambiarán la piel y la musculatura del país y le permitirán situarse entre los más avanzados. En 2006 la inversión en I+D+i civil creció presupuestariamente el 32%, un dato claramente histórico. En 2007 lo hará, de nuevo, en al menos un 25%.
 
A ello se añadirá la financiación del Fondo Tecnológico por valor de 2.000 millones que España obtuvo en las últimas Perspectivas Financieras. El esfuerzo del Gobierno por incentivar la investigación y la tecnología ha cristalizado en el Plan INGENIO 2010.
 
Promoverá grandes consorcios público-privados. Movilizará a Pymes y a centros de investigación. Cofinanciará la contratación de investigadores en centros públicos. Permitirá converger en la sociedad de la Información en las empresas, la administración, la Justicia, los hogares y la escuela.
 
En 2005 España fue el primer país de la OCDE en crecimiento de solicitudes de patentes, con un 35%. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación tuvieron el mayor crecimiento de la UE, un 8% en 2005, prácticamente doblando la media europea. El comercio electrónico aumentó un 50%.
 
Desde noviembre de 2005 se han incorporado casi 1000 municipios al servicio de banda ancha. Con ello, 2.000.000 de ciudadanos más han accedido a sus beneficios. En 2008, todos podrán hacerlo. Para ese mismo año se habrán digitalizado los registros civiles. Se habrá completado para entonces la emisión de todos los DNI electrónicos.
 
Para intensificar la incorporación de los jóvenes de entre 18 y 30 años a la sociedad de la información, se habilitarán dos programas de préstamos a tipo 0. Uno, para la adquisición de paquetes informáticos con conectividad de banda ancha. Otro, para formación en las tecnologías de la información y de la Comunicación.
 
El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte dará un giro sustancial a la comunicación en España. Potenciará el ferrocarril y transformará el limitado sistema radial de carreteras en uno completo de mallado. Potenciará la intermodalidad del transporte de pasajeros y mercancías. Invertirá 250.000 millones en 15 años. En los dos presupuestos pasados, se ha invertido ya el equivalente al 1’7% del PIB. Un aumento del 45% respecto a la pasada Legislatura.
 
El Programa AGUA ha supuesto invertir más de 4.000 millones para paliar los efectos de la sequía. Están activas cuatro nuevas desaladoras y en marcha otras nueve. Se han afrontado más de 100 obras de emergencia. En este año, hay 2.049 M€ para que el Plan de Regadíos los modernice y amplíe logrando, además, un ahorro estimado de 1.162 Hm3 Pronto tendremos en nuestras manos solucionar, para siempre, la escasez de agua.
 
El Gobierno está afrontando la reducción de la dependencia energética, la seguridad del suministro, la mejora de la eficiencia y el cumplimiento de los objetivos medioambientales. Lo hemos hecho con el Plan de Eficiencia Energética 2005-2007, con el Plan Nacional de Asignación 2008-2012 y con el Plan de Energías Renovables.
 
En dos años, reduciremos en un 8,5% el consumo de energía primaria y en 32 millones de toneladas las emisiones de CO2. En 2010, un 12% del consumo de energía será limpio. Más de 720 millones para el mayor esfuerzo público en eficiencia energética efectuado nunca en España. Para aumentar la internacionalización de nuestras empresas se han aprobado Planes Integrales de Desarrollo de Mercado a los que se destinarán 1.700 millones en el periodo 2005-2007.
 
Estamos cosechando los primeros resultados. En el primer trimestre de 2006 las exportaciones a China han crecido un 34%, a India un 40%, a Rusia un 45% y a EE.UU un 44%. Todo ello dentro de un crecimiento general del 17%, y de un 42% fuera de la UE. Crecer más significa crear más empresas. De ahí nuestro compromiso con el Plan de Fomento Empresarial.
 
Queremos potenciar la creación de empresas por parte de los jóvenes. Para ello, bonificaremos en el 50% la cuota empresarial a la Seguridad Social por el primer trabajador indefinido contratado por empresarios de menos de 35 años.
 
Señorías,
No hay bienestar si el bienestar no llega a todos y a todos se hace accesible. La política del Gobierno tiene un acentuado sentido social. Esa es nuestra oferta programática. Este es nuestro compromiso de investidura. Ese es nuestro empeño al redistribuir los frutos del crecimiento económico. Una sociedad no es de verdad de oportunidades si no posibilita la igualdad de oportunidades. Sobre todo en la edad más temprana.
 
La aplicación de la LOE traerá el aumento de las plazas de educación infantil, el refuerzo de tutorías, la atención personalizada. Habrá más becas y de mayor cuantía. En dos años ya las hemos aumentado en 60.000. En los próximos Presupuestos duplicaremos el incremento que hemos aprobado para 2006. El Presupuesto para las políticas de educación ha crecido este año
cerca del 20%. A finales de 2006, 1.200 centros educativos dispondrán de planes de apoyo y refuerzo. Hemos destinado 36 millones para la modernización de bibliotecas escolares.
 
Con la subida del 17% en dos años, el Salario Mínimo Interprofesional se va acercando a un nivel mínimamente justo. Reafirmo mi compromiso de situarlo en 600 euros al final de la Legislatura.
 
Tratamos también de dignificar más las condiciones de vida de los 8 millones de pensionistas. Más de 3 millones se han beneficiado de la subida de las pensiones mínimas en casi el 17%. La atención a la discapacidad mide la estatura moral de una sociedad. Mi Gobierno quiere que la nuestra sea muy alta con quienes suponen el 9% de la población española.
 
Por ello, hemos reconocido y regulado la lengua de Signos Española. Determinado las Infracciones y Sanciones en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad. Incrementado sus posibilidades en el empleo público. Desarrollado una red de Centros Estatales de Referencia que dispondrá de 74 millones para dos años. Establecido Convenios de colaboración con Ayuntamientos o instituciones como la ONCE para avanzar en la accesibilidad.
 
Hemos situado a la vivienda en primera línea de nuestras prioridades desde el principio de la Legislatura. En los primeros 100 días de gobierno aprobamos el Plan de Choque. Incrementó en 1.031 millones el presupuesto entonces vigente. Favoreció el acceso a la vivienda de 71.000 familias más.
 
En 2005 aprobamos el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008. Una inversión prevista de cerca de 7.000 millones, destinados a 720.000 familias. Un aumento del 50% respecto de los recursos anteriores. Una apuesta por el alquiler. Con un programa específico para jóvenes.
 
Ahora, queremos dar un paso más. Para incrementar la oferta de pisos de alquiler destinados a ellos, incorporaremos la exención total en el IRPF de las rentas inmobiliarias procedentes de alquileres a jóvenes menores de 35 años. En 2005 se iniciaron cerca de 80.000 viviendas protegidas. La cifra más alta de los últimos 14 años. 50% más que la media del periodo 2000-2003.
 
En dos años hemos liberado más de 10 millones de metros cuadrados de suelo público del Estado: más que en los 25 años anteriores. En ellos se construirán 33.000 viviendas protegidas. El precio de la vivienda, siendo todavía durísimo para segmentos amplios de la población, ha moderado su crecimiento hasta tasas de 5 años atrás. La Ley del Suelo que hemos aprobado el pasado viernes contribuirá a contener ese precio. Porque aumenta la cesión de suelo gratuita a los Ayuntamientos. Porque incrementa la reserva obligatoria de suelo para viviendas protegidas. Porque somete a reglas la valoración del suelo.
 
En el ámbito de la salud se ha mejorado la financiación del sistema y se han puesto en marcha un conjunto sustantivo de acciones. Por acuerdo de la Conferencia de Presidentes, las Comunidades Autónomas han recibido 1.091 millones en 2005, y podrán recibir hasta 4.300 en 2006. Se han aprobado la Ley de Prevención del Tabaquismo y la Ley de Reproducción Asistida. Lo serán en breve la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos, la Ley de Protección del Consumidor y la Ley de Investigación Biomédica.
 
Hemos aprobado el Plan de Acción 2005-2008 de la Estrategia Nacional sobre Drogas. También, la Estrategia frente al Cáncer. Y estamos ultimando las de Cardiopatía Isquémica, Salud Mental, Diabetes y Cuidados Paliativos. En los meses inmediatos, abordaremos dos de los principales problemas de salud de los más jóvenes: el consumo de alcohol por los menores de edad y la obesidad infantil.
 
Señorías:
Una potente característica de la acción del Gobierno en estos dos años ha sido la ampliación del catálogo de derechos reales y efectivos de los ciudadanos. Más personas disponen de más derechos que hace solo dos años. Unas veces, los hemos afirmado y fortalecido. Otras, los hemos reconocido por primera vez.
 
Las personas del mismo sexo pueden contraer matrimonio y adoptar. Quienes deseen divorciarse pueden hacerlo de forma rápida y libre. Las mujeres están más protegidas ante la violencia de género, aunque los malditos asesinos sigan humillándonos con el horror de sus muertes. Los padres que tengan un hijo con determinadas enfermedades genéticas pueden concebir un hijo sano que contribuya a salvar a su hermano. Pronto, todo ciudadano podrá ver respetada su identidad de género.
 
Los pensionistas del SOVI pueden, por fin, compatibilizar su pensión. Los investigadores jóvenes y los profesores contratados han visto incrementada su estabilidad. Todos los ciudadanos han visto ampliadas sus posibilidades de información plural y de entretenimiento con la TDT. Los españoles en el extranjero han visto asegurado su derecho a pensiones y a la asistencia sanitaria.
 
Los miles de cooperantes que ennoblecen nuestro pasaporte desarrollan desde ahora con garantías su vocación de entrega a los más desfavorecidos del mundo con la aprobación del Estatuto del Cooperante.
 
Todos hemos visto reconocido el derecho a recibir de la Administración información y no propaganda partidista con la Ley de Publicidad Institucional. La Ley de Igualdad permitirá que muchos derechos alcancen en forma efectiva a las mujeres. Las empresas que contraten mujeres y las que las incorporen a sus Consejos de Administración gozarán de preferencia para contratar con las Administraciones.
 
Las políticas de empleo fomentarán la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, donde tendrán garantizada la igualdad de oportunidades y de trato. Las empresas de más de 250 trabajadores tendrán que elaborar y aplicar un Plan de Igualdad. Las candidaturas electorales deberán estar compuestas por un mínimo del 40% de cada uno de los sexos.
 
La llamada la Ley de Dependencia significará derechos efectivos para las personas con discapacidad y, sobre todo, para las personas mayores. Significará su reconocimiento por todos. Significará gratitud de todos. Significará solidaridad de todos. Con quienes nos han precedido. Con quienes nos han sacado adelante. Con quienes han construido, antes que nosotros, la España de ayer, de hoy y de mañana.
 
También, con quienes son los más débiles entre nosotros: los que arrastran enfermedad y limitación, pero también capacidad y esperanza sin límites. Las personas que cuidan a dependientes verán reconocido y retribuido su trabajo. Incluido su acceso a la Seguridad Social. El Sistema Nacional de Dependencia movilizará un enorme esfuerzo financiero de 2007 a 2015: 26.000 millones de euros; 9.000 millones anuales desde entonces.
 
Este potente pilar de protección social se desarrollará con la cooperación de todas las Administraciones. Un Sistema pensado, además, para crear hasta 400.000 empleos en este ámbito.
 
Señorías,
El ejercicio de las libertades y derechos requiere, para que sean efectivos, una sociedad segura en la que ejercerlos y una justicia rápida y eficaz. Las sociedades actuales afrontan numerosos riesgos, expresiones nuevas de violencia, formas inéditas de organización delictiva. Todas las sociedades lo sufren. También la nuestra.
 
El Gobierno mantiene su convicción de que sólo hay ciudadanos libres cuando se saben y se sienten seguros. Protegidos por el Estado. Amparados por los servicios públicos que garantizan la seguridad ciudadana. Tenemos una tasa de 49,3 infracciones penales por cada mil habitantes. La hemos reducido entre 2004-2005. Entre las menores de Europa. 20 puntos por debajo de la media de la UE15. Por debajo de, entre otros muchos, Reino Unido, Alemania o Francia. La hemos reducido a lo largo de 2005 y 2006.
 
Lo hemos hecho, especialmente, en lo que se refiere a los delitos más graves. Lo hemos hecho así en los delitos contra el patrimonio: un 3.2% menos que en 2003. Lo hemos hecho así en relación con los homicidios: un 3.6% menos que en 2003. Lo hemos hecho así en relación con la criminalidad juvenil: un 5.2% menos que en 2003. Es un esfuerzo continuado. Porque en el primer trimestre de este año, la tasa de criminalidad ha descendido en relación con el mismo período de 2005 en un 3.2%.
 
Estos resultados no son producto de la casualidad. Son el fruto de la dedicación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Son el fruto de la acción de la Administración de Justicia. Son el fruto de la ejecución práctica de los compromisos que anuncié en el Debate de Investidura. Un compromiso dirigido a invertir el grave deterioro de los ratios de gasto en términos de PIB que se había acumulado durante el período 2000-2004.
 
Son datos estrictos. El esfuerzo en seguridad pública fue del 0.56 para 2000, del 0.53 para 2001, del 0.51 para 2002, del 0.52 para 2003 y del 0.49 para 2004. Los Presupuestos Generales del Estado para 2005, por el contrario, ha elevado ese ratio al 0.55 y los del 2006 lo han llevado hasta el 0.58. Dato que mejorará aún más en los Presupuestos para el año 2007. Un compromiso que se ha cumplido.
 
Anuncié también un compromiso destinado a incrementar los efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional. En 2003, la Oferta de Empleo Público de la Guardia Civil fue de 2.887; en 2004, de 3.611. La Oferta de Empleo Público del Cuerpo Nacional de Policía fue de 4.500 tanto en 2003 como en 2004. Esas cifras se han quedado obsoletas. En tan solo dos años, la Guardia Civil ha visto cómo se convocaban 8.161 nuevas plazas mientras que para la Policía Nacional han ascendido a 11.150. Un esfuerzo que se ha visto acompañado de un refuerzo decidido de nuestros Servicios de Inteligencia: 600 personas más trabajan en ellos desde 2004. Es, pues, un compromiso cumplido.
 
Es, además, un compromiso que se va a mantener, con la misma intensidad, en los dos ejercicios siguientes hasta convocar en la legislatura 36.000 efectivos más puestos al servicio de la seguridad de los ciudadanos. Un compromiso que se extenderá a la mejora de las condiciones de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
 
Anuncié también entonces un compromiso dirigido a fortalecer los instrumentos de coordinación y especialización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En estos años se ha constituido el Centro Nacional Antiterrorista. También, un centro de inteligencia contra la criminalidad organizada, que actúa de manera global en el narcotráfico, el blanqueo de capitales o el tráfico de personas.
 
Se va a poner en marcha, tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil, nuevos Grupos de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (GRECO) para actuar en zonas prioritarias. Fortaleceremos la cooperación policial, aduanera y judicial en el ámbito internacional. Se ha puesto en marcha desde el mes de abril de 2006 el Proyecto de Interconexión de Registros Penales en el que participan España, Francia, Bélgica y Alemania.
 
Compromisos, pues, cumplidos: aumentar el gasto público en Seguridad y el número de efectivos de las FCSE. Como también se ha cumplido el compromiso referido a la Administración de Justicia. En 2006 el presupuesto dedicado a la Justicia ha crecido cerca del 13%. Cinco puntos por encima de la media entre 1996 y 2004. En estos dos años se ha producido el mayor incremento de jueces y fiscales de los últimos quince: 578, superando con creces los 512 de toda la pasada legislatura.
 
El Gobierno ha reforzado a la Fiscalía anticorrupción, específicamente dedicada a la persecución de delitos cometidos por bandas organizadas. También ha impulsado la creación de fiscalías delegadas, como la fiscalía antimafia en las zonas más vulnerables a este fenómeno (Costa de Levante, Costa del Sol, etc). Este esfuerzo se verá completado con la modificación que teníamos anunciada del Código Penal. Y que se traerá a esta Cámara antes del verano. Para luchar más efectivamente contra el crimen organizado y dar respuesta a los nuevos delitos. Los datos sobre inseguridad ciudadana ponen de manifiesto que estamos ligeramente mejor que hace dos años.
 
¿Satisfechos con lo conseguido, con los medios puestos en juego, con la mejora de los indicadores relativos a la criminalidad? No. Lo hecho hasta ahora es, sólo, una base para un nuevo compromiso.
 
Señorías,
Después de 30 años, hemos bajado por segunda vez consecutiva la cifra de víctimas mortales en carretera. Pero sigue por encima de 3.000. Una cifra que simboliza una lacra inaceptable. El 1 de julio entra en vigor el carné por puntos y contamos por primera vez con un Plan Estratégico de Seguridad Vial que incluye medidas para mejorar la formación de los conductores y aumentar la vigilancia de las carreteras.
 
La reforma del Código Penal permitirá desterrar la calificación de “accidentes” para conductas gravemente imprudentes. El Gobierno encabezará una propuesta al conjunto de la sociedad para comprometernos colectivamente a reducir la tasa de mortalidad vial en un 40 por ciento en cinco años. La seguridad de los españoles también comporta atajar la siniestralidad laboral que cada año acaba con la vida de mil trabajadores españoles.
 
El Gobierno está elaborando con los agentes sociales una Estrategia Española de seguridad y salud en el trabajo y ha incrementado significativamente los recursos presupuestarios destinados a las políticas preventivas.
 
Señorías,
Los fenómenos migratorios que tienen como causa la pobreza y las desigualdades constituyen uno de los desafíos de mayor calado para nuestras sociedades. Son hechos que generan una huida en busca de algo mejor, aún a riesgo de la propia vida. Para lograr la simple supervivencia. La inmigración es, en España, un fenómeno aún reciente. Que se experimenta, sin embargo, con intensidad. Especialmente en zonas muy concretas del territorio nacional.
España ha sido un país de emigrantes. Sabemos lo que eso representa. Por ello, debemos mantener una actitud ante los que vienen de fuera como la que nosotros hemos exigido históricamente cuando nuestros compatriotas tenían que ir a buscarse su futuro más allá de nuestras fronteras.
 
Conviene subrayar que la emigración está contribuyendo al desarrollo económico de España. Pero la inmigración solo puede producirse con legalidad, exclusivamente con legalidad, y asociada a las posibilidades y necesidades del mercado de trabajo. Así lo hicimos en el proceso de normalización. Incorporamos a la legalidad a 600.000 personas. Todos, pues, deben saber que en España sólo se puede residir legalmente.
 
Señorías,
La dimensión y consecuencias de la inmigración exigen un gran esfuerzo de acción gubernamental y de cooperación del conjunto de los poderes públicos. El Gobierno viene aplicando una política inmigratoria basada en los siguientes principios: legalidad, máximo control de fronteras, cooperación con países de origen y con la UE, integración social de los emigrantes y respeto absoluto a los derechos humanos.
 
La legalidad exige canalizar los flujos migratorios adecuadamente. En el último año se ha producido un aumento de un 50% de esta vía de regularidad. Y se ha hecho un esfuerzo paralelo en procurar devoluciones de los que intentan entrar irregularmente en nuestro territorio. Se ha hablado en estos días sobre las cifras de devoluciones. Pues bien. En el periodo 2002-2003 hubo un total de 169.216 devoluciones y en 2004-2005, 212.134. Es decir, un incremento de un 25,36%. En lo que va de año 2006, la cifra es de 31.108.
 
En cuanto a la llegada de inmigrantes irregulares a Canarias y Andalucía a través de embarcaciones, en el año 2003 se produjo la cifra récord: prácticamente, 20.000 accesos. Durante los dos años siguientes, 2004 y 2005, se produjo un descenso en las llegadas que se aproximó al 50%.
 
Señorías, estos son los datos de los dos últimos años: más devoluciones y descenso de la llegada de inmigrantes por vía marítima. Pero, como toda la opinión pública conoce, en lo que va de 2006 hay una tendencia de aumento concentrada en la llegada de personas a Canarias. Situación en la que el Gobierno está adoptando todas las medidas que están a su alcance con el
principio sagrado de respeto a los derechos humanos.
 
Para el control de nuestras fronteras, el Gobierno ha venido reforzando el número de efectivos de las FCSE. 1.000 policías, guardias civiles y patrullas fiscales más en estos dos años. Junto a ellos, el despliegue del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior en Almería, Cádiz, Fuerteventura. Las unidades móviles de control que con idéntico objetivo operan en Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria. El refuerzo de las vallas de Ceuta y Melilla por 30 millones y la construcción e instalación de una nueva valla. La ampliación de los Centros de Internamiento de Extranjeros.
 
Pero resulta evidente que el control de nuestras fronteras por sí solo no es suficiente. Es imprescindible la cooperación con los países de origen de la inmigración. Con Marruecos se ha logrado una mejora muy importante y crucial de la Cooperación.
 
Ya da resultados. En los años 2004 y 2005 ha disminuido el número de pateras y, más en concreto, el número de personas en un 43%. Lo que esta ocurriendo en estos primeros meses de 2006 es un desplazamiento de la presión migratoria como consecuencia de la eficaz cooperación hispano-marroquí.
 
Para obtener los mismos resultados estamos trabajando con un número elevado de países del África Occidental, del área Subsahariana, especialmente Mauritania y Senegal, estableciendo patrulleras conjuntas, oficiales de enlace y una intensificación de la presencia política y diplomática.
 
Paralelamente trabajamos para la firma con nuevos países de acuerdos de Readmisión. Quiero llamar la atención a la Cámara sobre un dato. Desde los años 80 no se había incrementado la presencia diplomática en todo esa área de África. A pesar de que se ha perdido mucho tiempo, hemos creado nuevas embajadas en Malí, Sudan y Cabo Verde, y nuevas oficinas técnicas de cooperación en Cabo Verde, Etiopía y Malí.
 
Pero, Señorías, sabemos que el control de la presión migratoria no es suficiente. Es mucho más determinante que dichos países evolucionen para dar un mínimo de expectativas a sus compatriotas. Por ello, la cooperación al desarrollo de España, de la UE, es hoy más que una obligación moral. El Gobierno ha multiplicado por tres el volumen de la ayuda destinada a África Subsahariana. Ha pasado de 122 a 400 millones de €.
 
En este año, España será contribuyente del nuevo fondo de Naciones Unidas para Emergencia Sanitarias con 15 millones de € y hemos realizado una operación de canje de deuda por desarrollo en África Subsahariana por 200 millones de dólares.
 
Señorías,
España pone todos los medios a su alcance para el control y la ordenación legal de la inmigración. Pero, a todas luces, no es suficiente ese esfuerzo. Es imprescindible la plena implicación de la Unión Europea. Porque nuestra frontera sur es la frontera de la Unión Europea. Por ello, el Gobierno ha tenido como prioridad en materia migratoria la acción en la Unión. Así, en la Cumbre Informal de Londres celebrada el 27 de octubre de 2005, los Jefes de Estado y Gobierno solicitaron al Consejo Europeo un documento sobre migración, a propuesta del Gobierno de España.
 
En el Consejo de 15 de diciembre de ese mismo año fueron adoptadas las conclusiones “Enfoque Global de la Migración: Medidas prioritarias centradas en África y el Mediterráneo”. De este modo, se ha defendido y logrado que el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación dedique para migración hasta un 3% de sus fondos y se realicen esfuerzos similares en otros instrumentos financieros.
 
En las nuevas Perspectivas Financieras, se han creado el Fondo de Fronteras Exteriores de Retorno y el Fondo de refugiados. Tienen una dotación de 4.400 M €. De ellos, España podrá disponer de algo más de 400 M €. Otra vía importante de financiación provendrá del “Nuevo Instrumento de la Política de Vecindad” y del Fondo Europeo de Desarrollo con una cuantía global de 800 M €.
 
Se han agilizado las medidas de cooperación con la UE. A raíz de la reciente visita de la Vicepresidenta del gobierno, la UE cofinanciará la repatriación de inmigrantes ilegales; enviará equipos de intervención rápida; la Agencia Europea para el Control de la Fronteras Exteriores de la UE (FRONTEX) instalará en Canarias un centro para coordinar medios, expertos y equipos de reacción rápida; y tal como se acordó ayer aquí en Madrid se pone en marcha un dispositivo europeo de barcos y aviones que patrullarán la costa española y africana.
 
El Consejo Europeo también asumió la iniciativa española de convocar una primera Conferencia Euroafricana sobre Migración y Desarrollo (CREAMD), que tendrá lugar los días 10 y 11 de julio en Rabat En la Conferencia participarán la Comisión y los Estados de la UE, del Magreb, África Occidental y Central, y se ha invitado a la Unión Africana. Confiamos en que este conjunto de medidas permita el control y la reducción progresiva de la presión migratoria que está sufriendo Canarias.
 
Pero la Inmigración exige también un gran esfuerzo de integración social y cívica. Por ello hemos reforzado extraordinariamente el Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de los Inmigrantes que asciende a 182,4 millones de €, que multiplica por 26 la cantidad de 2004, poco más de 7,7 millones de €. En las próximas semanas, el Consejo de Ministros aprobará el “Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración”.
 
Señorías,
Disfrutamos de una España que mejora. De una España que progresa. De una España que vive cambios de todo tipo. Cambios que inciden en la vida personal, familiar, económica, social. Cambios que afectan a la educación, la sanidad, el medio ambiente, la cultura, el empleo. Son cambios que deben tener consecuencias en la forma de organizar nuestra convivencia. En las reglas de funcionamiento de nuestra democracia. En el modo de articulación del poder.
 
Por ello, me comprometí en el Discurso de Investidura a impulsar un proceso de reformas que actualizasen el Estado de las Autonomías, mejorasen la calidad de la democracia y reforzasen los instrumentos de control del poder político. Reformas dirigidas a un mismo objetivo: enriquecer la ciudadanía democrática, acercar el poder a los ciudadanos.
 
Han sido las propias Comunidades Autónomas las que han decidido impulsar una nueva fase de desarrollo autonómico. Son sus parlamentos, con composiciones políticas distintas, las que libremente están tomando la iniciativa. El Gobierno respeta este legítimo ejercicio del espacio constitucional que les es propio. Y aquí se trabaja, junto a los representantes del parlamento proponente, para asegurar la constitucionalidad plena de las propuestas y su integración en el interés general.
 
Así se ha hecho con el Estatuto de la Comunidad Valenciana, ya en vigor. Con el de Cataluña, ya aprobado en el ámbito parlamentario. Así se hará con el de Andalucía, ya en la Cámara. Y con los que puedan remitirse hasta el final de la Legislatura.
 
En este proceso, el Gobierno fomentará la participación de las Comunidades en las decisiones del Estado, propiciará la corresponsabilidad y hará de la cooperación activa el eje vertebrador del sistema. El Gobierno ha normalizado el diálogo institucional con los Gobiernos Autonómicos, ha celebrado por primera vez desde 1997 el Debate sobre el Estado de las Autonomías y ha convocado por dos veces la Conferencia de Presidentes.
 
La próxima, girará en torno a la I+D+i, un objetivo estratégico para España y para cada uno de sus territorios. Ha continuado descendiendo la conflictividad competencial. Tan sólo 33 impugnaciones del Estado o de las Comunidades Autónomas ante el Tribunal Constitucional en lo que va de Legislatura frente a las 65 producidas en el mismo período de la Legislatura anterior.
 
En 31 ocasiones ya han estado presentes en los Consejos de Ministros de la Unión Consejeros de Comunidades Autónomas. Se han firmado en dos años 684 Convenios entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas, el 74% de ellos con todas ellas, así como 357 Acuerdos.
 
Y en las próximas semanas remitiremos a la Cámara un Proyecto de Ley sobre el Gobierno Local que, por asegurar su autonomía, su eficiencia administrativa y su financiación suficiente, espero que cuente con el consenso de todos los grupos como ya lo ha logrado en el seno de la FEMP.
 
Hemos introducido austeridad, pluralidad y objetividad, buenas prácticas de gobierno y rigor en los comportamientos. En ese contexto se enmarcan la Ley de Publicidad Institucional, la Ley de la Radiotelevisión Pública, La Ley de Regulación de los Conflictos de Intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.
 
Hemos alcanzado un acuerdo con las organizaciones sindicales un borrador de Estatuto de los Empleados Públicos. Afectará de forma básica a las 2.400.000 personas que trabajan en las distintas Administraciones. Quiero añadirles mi satisfacción por que todos los grupos políticos hayamos firmado un acuerdo sobre el transfuguismo la semana pasada.
 
Señorías,
En el Discurso de Investidura formulé la propuesta de abordar una reforma limitada de la Constitución circunscrita a cuatro aspectos concretos. El Consejo de Estado ha emitido el Dictamen que le había solicitado el Gobierno. El más alto órgano consultivo encuentra razones fundadas para abordar la reforma conjuntamente y propone alternativas para cada una de las modificaciones planteadas.
 
Como ya anuncié, después del verano me reuniré con las fuerzas políticas para explorar las posibilidades de alcanzar el consenso. Solo si así fuese, el Gobierno daría pasos para iniciarlas.
 
Señorías,
Es evidente que la situación internacional vienen condicionada por tres problemas principales: los conflictos irresueltos, las profundas desigualdades y el terrorismo internacional. Esos son los riesgos que confrontamos. Esas son las causas de la inseguridad. Esos son los orígenes de la desesperanza.
 
Nuestra política exterior quiere contribuir positivamente a la paz por medio del multilateralismo y quiere combatir la desigualdad por medio de la cooperación. Hemos impulsado decididamente el trabajo de Naciones Unidas. Hemos promovido activamente la lucha contra el terrorismo internacional. Hemos presentado y dinamizado la propuesta de Alianza de Civilizaciones, asumida por la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno el pasado mes de septiembre. El Grupo de Alto Nivel, copresidido por un español y reunido por primera vez en Palma, presentará sus propuestas operativas el próximo otoño.
 
Reforzamos nuestros compromisos en Misiones de Paz, la última en la República Democrática del Congo. La Ley de la Defensa Nacional ha asumido la autorización del Parlamento para la participación en misiones internacionales. En torno a 1.700 soldados españoles contribuyen a la paz en el mundo, salvan vidas, reconstruyen zonas, garantizan el ejercicio de derechos. Soldados que verán mejoradas sus perspectivas profesionales con la nueva Ley de Tropa y Marinería.
 
Quiero, una vez más, rendir un tributo de homenaje a quienes participan en estas misiones y, especialmente, un recuerdo emocionado a quienes, en cumplimiento de su compromiso con todos los ciudadanos, han dado su vida por España.
 
Señorías,
Queremos una Europa más competitiva. También más justa. Y más segura. De ahí nuestro interés por la cooperación en justicia e interior. Priorizamos las relaciones con nuestros vecinos inmediatos. Con Francia. Con Portugal. Con Marruecos. Mantenemos un ritmo ordenado y fructífero de Cumbres bilaterales, en las que ya se dejan oír las voces propias de las Comunidades Autónomas.
 
La Cumbre Euromediterránea de noviembre pasado consolidó el diálogo y cooperación entre los países de las dos riberas. Unimos nuestros esfuerzos a los de la Unión y del Cuarteto para relanzar el proceso de paz en Oriente Medio. Reforzamos nuestras relaciones estratégicas con países como Brasil, Argentina, Chile o Uruguay. Seguimos de cerca el intenso cambio que está aflorando en otros lugares de Iberoamérica. Lo seguimos activamente y con prudencia. Pero también con la determinación de defender nuestros intereses legítimos. Con la exigencia de que se respete la plena seguridad jurídica. Nuestro esfuerzo ya ha sido saludado y reconocido por las Organizaciones de Empresarios.
 
Con la Cumbre de Salamanca y la creación de la Secretaría General Iberoamericana contribuimos a la articulación de nuestra comunidad política en torno al fortalecimiento de las instituciones democráticas, del respeto de los derechos y libertades y de la cooperación.
 
La ayuda española al desarrollo alcanzará en 2006 el 0’35% del PIB. Más de 3.200 millones. Un 63% más en comparación con dos años antes. Estamos en el camino del 0’5% para 2008. Con ello duplicaremos la ayuda en esta Legislatura. Más fondos para una ayuda de mayor calidad gestionada con más coherencia. Dirigida a las áreas y sectores más necesitados. Con mayor participación y consenso con los agentes del sistema de cooperación. Con programas de gran eficacia social como el canje de deuda por educación que, en el caso de América Latina, supera ya los 300 millones de dólares.
 
Señorías,
Al hablarles de la situación de España he querido aproximarme a la España real, a la España que efectivamente viven, día a día, los ciudadanos. Una España diversa y, por ello, rica. Una España con ambición de progreso y de cultura. Una España con un enorme potencial de futuro. Una España que ha de gobernarse con las mejores actitudes democráticas para fomentar una convivencia en armonía.
 
Les he expuesto los rasgos básicos del estado de la Nación. En su conjunto, conforman una situación positiva. Por su dinámica, auguran una evolución mejor. Conseguirla es el objetivo de nuestra acción política. Para avanzar hay que resolver problemas y para resolverlos hay que reconocerlos.
 
Durante este Debate, daré muestras, no lo duden, de que soy consciente de que hay cosas que pueden y deben mejorar. Aceptaré las críticas, y daré todas las explicaciones que estén a mi alcance.
 
No quiero terminar, señorías, sin referirme al problema que más ha angustiando a la sociedad española desde la transición. Nos hemos ganado como sociedad el derecho al fin de la violencia, a la paz, y a la esperanza de convivir juntos tan solo sometidos a los mandatos de la libertad y de la ley.
 
Reafirmo hoy mi determinación de trabajar para el fin de la violencia, para el fin de ETA. Confío en que pueda ser una tarea de todos, porque todos lo merecemos. Confío en que todos actuemos con generosidad porque a todos nos lo demandan los españoles. Por mi parte, comprometo nuevamente mi disposición al máximo diálogo para recorrer el camino a la paz.
 
Señorías,
El gobierno se muestra razonablemente satisfecho con la evolución de España. Pero no conformista ante la situación de la Nación, porque el proyecto que represento nunca alcanzará su cota de ambición para con España.
 

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« Responder #1 em: Junho 15, 2006, 06:32:16 pm »
es todo mentira :lol: , los politicos son todos unos metirosos
 

 

Discurso do Ministro Celso Amorim no CS s/ o Haiti

Iniciado por J.Ricardo

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Última mensagem Janeiro 14, 2005, 01:04:51 pm
por J.Ricardo